Noviembre del 2003 marcó el inicio. Ese mes un conocido empresario venezolano, atraído por la estabilidad política y la robusta expansión que mostraba el PBI del Perú, arribó para evaluar distintas oportunidades de inversión y visitar Gamarra, el gran emporio comercial textil del que tanto le habían hablado. Apenas bastaron dos horas de recorrido por este conglomerado para que, animado por su rápida capacidad de respuesta a sus pedidos, se convenciera de comprar algunas prendas de algodón para venderlas en su país.
Tal fue el éxito de la venta de los polos y tops peruanos que, lo que empezó casi como una casualidad, con el transcurrir del tiempo cambiaría el destino de las relaciones comerciales con Venezuela y llevaría, en solo seis años, a convertir a ese país en uno de los destinos más importantes de nuestra oferta exportable.
Así, los envíos de la industria de confecciones (que concentra más del 67% de las exportaciones al país llanero) pasaron de US$60 millones en el 2003 a más US$ 650 millones el año pasado. La situación desató tal fiebre exportadora, que según el ránking que elabora Cómex, las compañías que se creaban para abastecer de prendas exclusivamente a ese mercado, mostraban sorprendentes cifras de crecimiento de 100%, 200% y hasta 400%.
No obstante, a fines del 2008, lo que muchos temían sucedió: el precio del petróleo, que alentaba el consumo venezolano, se desplomó. Ello, sumado a otros problemas que empezaban a asomarse en ese mercado, provocó una drástica caída de las exportaciones (-51%) en el primer trimestre del año. ¿Pero, deben los exportadores seguir apostando por una plaza, para muchos, inestable? ¿Las autoridades peruanas pueden hacer algo para mejorar una situación que afecta principalmente a los microempresarios de Gamarra?
CAÍDA LIBRE
Según Pedro Gamio, presidente del comité de confecciones de la Asociación de Exportadores, el “boom” exportador que experimentó hasta hace poco Venezuela se vio favorecido por distintos factores: un tipo de cambio controlado, conocido como dólar Cadivi (por el nombre de la institución que aprueba su uso para comprar bienes importados), que representaba una ventaja para el importador, pues podía comprar grandes cantidades de prendas con pocos dólares; el uso de un hilo barato, como el indio, que permitía llegar a ese mercado con un precio por prenda más competitivo que el de los colombianos (nuestros principales rivales en ese mercado) y los altos precios del petróleo, que sustentaban las compras de una población altamente consumista.
Sin embargo, pese a la fiebre exportadora que se vivía en ese entonces, desde abril del año pasado los exportadores alertaban que los pagos de los compradores venezolanos a las pequeñas empresas confeccionistas de Gamarra (salvo Topy Top y Textiles Camones, no existen otros grandes con presencia en ese país), empezaban a demorarse porque el Gobierno Venezolano había decidido restringir la salida de divisas.
Lamentablemente, el escenario para los exportadores empeoraría pocos meses después. En setiembre estalló la crisis global, que redujo la capacidad productiva de todas las economías del planeta y trajo abajo el precio del petróleo (que de US$140 pasó a cotizarse a menos de US$35 el barril). El resultado de esta situación, explica Jorge Chávez, presidente de la consultora Maximixe, fue una drástica reducción del consumo en la población venezolana (que vive y depende de los altos precios del petróleo) y mayores complicaciones en una plaza que, por la incertidumbre política y económica, siempre fue inestable y complicada.
Así, a fines de enero de este año y de un momento a otro, el gobierno de Hugo Chávez decidió eliminar el dólar Cadivi para la compra de textiles( situación que encareció el precio de las prendas). Pero eso no sería todo. Como no había mucha demanda por petróleo y los ingresos del país llanero se redujeron, los retrasos en los pagos (que dependen de la autoridad venezolana, pues es la única que autoriza la salida de divisas) continuaron aumentando. “Si antes se demoraban 90 días, hoy los atrasos llegan a 120, dijo con preocupación Alfredo Camones, gerente general de Textiles Camones. Por su parte, Fernando Cubas, director de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, alertó que el actual escenario de crisis y, sobre todo, los mayores retrasos en los pagos, han llevado al límite a 15.000 mypes, que están afrontando serios problemas de capitalización y de las cuales —según sus estimados— dependen 150.000 trabajadores.
¿SE DEBE INTERVENIR?
Camones sostuvo que los confeccionistas están resistiendo hasta donde pueden, ajustando márgenes para compensar la pérdida de competitividad que ha generado la eliminación del Cadivi.
No obstante, insistió, hay dos cosas que el Gobierno podría hacer para evitar su quiebra: intervenir (como, asegura, lo hace el presidente colombiano, Álvaro Uribe) para comprometer a las autoridades del país llanero y lograr que agilicen los pagos a sus exportadores o anunciar el inicio de un TLC con Venezuela, pues desde que se produjo su retiro de la CAN (2006), hay un plazo de cinco años, que se cumple en abril del 2011, para seguir ingresando a ese mercado con preferencias arancelarias.
“Un TLC daría tranquilidad a nuestros compradores, pues nadie puede negociar con un panorama que es incierto”, aseguró José Luis Peroni, presidente del Comité de Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias. Fernando Cubas y Pedro Gamio piden más atención por parte del Gobierno, pues, sin su respaldo, afirman, un mercado que resultó una alternativa real a la competitiva plaza estadounidense, podría perderse. “Ni antes ni ahora se han pronunciado sobre el tema. Tampoco han mandado una misión comercial para buscar un acercamiento que contribuya a agilizar los pagos”, lamentan.
No obstante, existe algo que no se puede negar y que juega en contra de los exportadores peruanos: desde hace más de un año las relaciones diplomáticas con el gobierno de Hugo Chávez son complicadas. Más ahora, que el Perú decidió otorgar asilo político al líder opositor venezolano Manuel Rosales, lo que ha originado que estas relaciones lleguen a su punto más crítico.
Y, aunque no lo digan abiertamente, el tema se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza para el Gobierno, pues limita su margen de maniobra en el ámbito comercial. Tanto es así, que en la Cancillería optaron por no emitir pronunciamiento cuando Día_1 consultó sobre las soluciones que podrían plantearse en el mediano plazo para los exportadores. Y aunque el viceministro de Comercio Exterior, Eduardo Ferreyros, evita responder si entre los planes del Mincetur figura un TLC con Venezuela, dice que están conscientes de las dificultades de los confeccionistas y que ya han tomado algunas acciones. “No estamos de brazos cruzados. Nos interesa fortalecer nuestras relaciones comerciales con nuestros vecinos pero, en tanto se avanza en ese objetivo, apoyamos a los exportadores creando programas como Gamarra Exporta, que busca informar sobre oportunidades comerciales en los mercados con TLC vigentes”, afirmó. Dijo, además, que se está capacitando a las mypes para que constituyan consorcios que estén en condiciones de atender grandes pedidos y que no dependan de un solo mercado. “También están los programas de financiamiento que afinamos”, agregó.
¿VALE LA PENA SEGUIR?
Pablo Secada, del Instituto Peruano de Economía, cree que el Gobierno podría hacer más para apoyar a los exportadores. No obstante, sostiene que los microempresarios no deben jugársela únicamente por este mercado, pues aunque el precio del petróleo vuelva a subir (y reactive la demanda), Venezuela siempre se- rá una plaza riesgosa porque sus fundamentos econó- micos son débiles y dependen exclusivamente de este commodity. “Si soy pequeño, no puedo concentrarme en un mercado tan volátil, debo diversificar. Hay otros mercados que quizá no ofrezcan tanta rentabilidad pero son viables y el Gobierno, a través de una consultora, puede ayudar a identificarlos”, afirma.
Empero, Camones y Cu- bas dicen que lucharán por mantenerse en Venezuela, una plaza ,a diferencia de otros mercados (que además ya están poniendo barreras arancelarias), no exige una calidad premium, ofrece altos márgenes y permite ingresar con marcas propias.
Lo concreto es que el Estado debería poner mayor atención a lo que sucede en Venezuela y posibilitar una estrategia para evitar que 15.000 microempresas quiebren y se pierda un mercado que (a pesar de sus riesgos) se convirtió en una alternativa real para los exportadores. ¿Estaremos a tiempo?
Fuente: El Comercio
