Trabajadores de la ex Compañía Industrial Veracruzana SA (CIVSA) desconocieron a José Torres Serrano como representante legal ante la junta Federal de Conciliación y Arbitraje Número 6 de la ciudad de México, en la cual se lleva el proceso de adjudicación de la fábrica textil "Santa Rosa" ubicada en Ciudad Mendoza.
Los 70 obreros reconocidos por CIVSA como integrantes del sindicato, y quienes desde mediados del año 2000 continuaron laborando por la mitad de su salario, eligieron el miércoles 17 de febrero de 2010 a Luis Villanueva como su representante legal y le demandaron llevar el proceso legal en el despacho Campos y Contreras.
Los trabajadores sindicalizados se reunieron en el edificio de jubilados y pensionados de la ex fábrica textil "Santa Rosa", donde entregaron a los abogados laborales Jesús Campos Linas y María Luisa Campos Aragón, el expediente laboral que atiende la adjudicación de esta factoría.
Jesús Campos Linas, fue titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, quien conoce de la lucha de los trabajadores representados por Hipólito Flores Alonso, invitó a los ex obreros textiles a la unidad, y declaró que José Torres ha obstaculizado el avance del proceso laboral en la ciudad de México.
Señaló que el sindicato representado hasta el miércoles por José Torres ha presentado toda clase de alegatos para evitar la adjudicación de la empresa, como si el sindicato fuera el cuidador de los intereses de la familia Del Valle, y no los de los ex trabajadores.
Hipólito Flores, representante de los trabajadores despedidos por CIVSA septiembre de 1991 buscaron la asesoría laboral de la abogada María Luisa Campos Aragón, y con su apoyo legal lograron que la junta federal les adjudicara el campo Los Filtros, el que hace más de un año ofrecieron en venta al gobierno de Veracruz.
Otra de las inconformidades de los obreros considerados como sindicalizados pese a que CIVSA se declaró en quiebra y dejó de producir tela desde hace varios años, es que José Torres se ha prestado para vender bienes inmuebles propiedad de la clase trabajadora, entre los que se encuentra un salón de eventos y el cine Juárez, entre otros.
Los trabajadores despedidos en 1991 continuarán exhortando a otros obreros a integrarse a una lucha común, para que cuando la autoridad federal haga efectiva la adjudicación de la factoría, ellos también sean beneficiados con la venta de la misma, o el uso que la mayoría quiera dar a la misma.
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